Colón: el expresidente Lerche y su comisión directiva van a juicio oral por administración fraudulenta | SOY Sabalero Colón de Santa Fe

Colón: el expresidente Lerche y su comisión directiva van a juicio oral por administración fraudulenta

El juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus resolvió confirmar la acusación por administración fraudulenta que pesa sobre la ex Comisión Directiva del Club Colón que fue presidida por Germán Lerche, en la causa que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez.

El camarista revocó parcialmente la resolución del juez que presidió la audiencia preliminar de juicio, Nicolás Falkenberg, en aquellos puntos donde el magistrado sobreseyó a los acusados, puntualmente: librar cheques a sabiendas que no tenían fondos; la utilización de telefonía celular contratada por el Club para fines personales; y la contratación de una secretaria privada para Lerche.

La resolución de la audiencia preliminar fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación por los tres hechos sobreseídos, por la defensa de Carlos Alberto Marín -representada por Néstor Oroño-, por la defensa de Rubén Osvaldo Moncagata -ejercida por Matías Spadaro- y por la defensa de Germán Lerche -a cargo de Luis Rossini, Angelo Luis Rossini y Gabriel Hernando-.

El caso forma parte de una investigación que tuvo su inicio en noviembre de 2013, a raíz de una denuncia radicada ante la Fiscalía N° 3 (del viejo sistema procesal penal), por el entonces síndico del club, José Luis Isaía. Aquella denuncia dio cuenta de una serie de presuntos manejos dispendiosos de los recursos del Club por parte de quienes formaban parte de la Comisión Directiva entre 2006-2013.

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Mariela Jimenez, la fiscal que investiga a la ex comisión directiva de Colón

Mariela Jimenez, la fiscal que investiga a la ex comisión directiva de Colón

Maiquel Torcatt / Aire Digital

La reciente resolución, a la que tuvo acceso Aire Digital es el resultado de una apelación que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en el primer piso de la Cámara de Apelaciones, donde tanto la Fiscalía como la defensa formularon sus planteos. En el caso de la fiscal Jiménez, la funcionaria judicial solicitó la revocación de una serie de sobreseimientos que dictó el juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg, cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar de juicio.

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Teléfonos celulares

El primer sobreseimiento que cuestionó la Fiscalía fue la que se vincula al uso y pago por el Club de telefonía celular. En este caso, el juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg -que había sostenido que no resulta irrazonable que el Club proveyera -a su costo- servicios de telefonía celular a sus directivos, y que no se individualizó el uso que cada uno de los imputados hizo de alguna línea en particular. En cambio, el camarista entiende que estas razones no son suficientes para descartar el delito pues, “por un lado, podría constituir un abuso el hecho de haberse dispuesto la contratación sin decisión de la Comisión Directiva, (…), ello podría probarse como excesivo y, por tanto, en un beneficio para terceros o para los propios imputados”.

Para Creus está claro que los fundamentos expuestos por el a-quo no implican una atipicidad evidente en la afirmación de la Acusación, “sin perjuicio que podría ser discutible y hasta resistida, por las Defensas. En todo caso, es un debate propio del juicio”.

Cheques sin fondo

El segundo sobreseimiento cuestionado por la Fiscalía se corresponde con el libramiento de gran cantidad de cheques a sabiendas que no podrían ser pagados por tener las cuentas corrientes embargadas (en algunos casos) o carentes de fondos (en otros). Esta conducta podría ser parte de una maniobra para consolidar el perjuicio patrimonial de una gestión total descontrolada voluntariamente, según sostiene Jimenez.

“Claro que deberá ser acreditado como todos los extremos de la imputación. Obviamente, inserto como lo ha presentado la Acusación, como conducta abusiva y perjudicial en una administración que desemboca en una situación falencial, es posible aceptarlo lógicamente como administración infiel”, remarca Creus.

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Secretaria privada

Por último, en relación a al haber utilizado los servicios de una secretaria personal y privada contratada y pagado su salario por el Club, para labores ajenas al mismo, el a-quo sostuvo como fundamento para disponer el sobreseimiento que es natural o no resulta censurable la contratación de una trabajadora de esas características en una institución como el Club Colón.

“Debe quedar claro que los servicios de un trabajador deben ser prestados en favor de quien paga su salario, de modo que, de acreditarse que prestaba servicios en beneficio de intereses privados del Presidente de la institución, ajenos a la gestión del Club, teóricamente, hay un perjuicio patrimonial unido al hecho que, según la acusación, no se autorizó la contratación por el órgano administrador”, valoró Creus, y agregó: “puedo entender que, según los usos y prácticas (hasta diría, la corruptela mínima aceptable en esta sociedad a la que nos hemos mal acostumbrados), algunas prestaciones personales podrían ser admisibles, pero no lo sería si gran parte o la mayoría de la actividad de la empleada fuera en favor de intereses ajenos al Club. Esta es una cuestión de prueba, propia del juicio, pero de ningún modo supone un defecto formal de la acusación”.

Fuente: Aire de Santa Fe